La Defensora del Pueblo Adjunta, Sylvina Portillo manifestó que, desde mas allá que desde Unitan aseguren que los dos derrames de productos se trata de cuestiones inherentes a la organización interna y que los líquidos vertidos al Río Paraguay, estaban compuestos por tanino y barro no contaminates, se planteó que no se autorice a la misma reiniciar actividades hasta se tenga la seguridad que no habrán más incidentes de este tipo.
Aludió a que dada las “obvias limitaciones técnicas que tenemos, no estamos en condiciones de constatar inmediatamente y, dado el curso acelerado de la corriente del curso hídrico, sin ser técnicos, podemos decir que será de difícil averiguación, incluso para las autoridades que se encuentran abocadas a la investigación”. No obstante todo ello, subrayó la funcionaria, “no podemos soslayar el hecho de que es el segundo evento que se produce y la empresa se comprometió a adoptar los recaudos necesarios para que no suceda lo mismo, luego del primer derrame”.
Es por ello que la Defensoría del Pueblo, en ejercicio de las potestades que le son conferidas por la Constitución Provincial, en cuanto a la “tutela del derecho colectivo de gozar de un ambiente adecuado, apto para el desarrollo de la comunidad, no puede menos que “exigir” que la fábrica no sea autorizada a reiniciar sus actividades productivas, hasta que no determine, por un lado ¿cómo es que se han producido ambos eventos registrados?, ¿quiénes son o fueron los responsables? y, finalmente, las medidas que adoptará para que, realmente, el que no vuelvan a suceder derrames, no sea una mera promesa”.
Finalizó señalando la doctora Portillo que” es importante la ocupación de mano de obra y la producción que lleva adelante la planta industrial, pero la tutela del ambiente es un bien comunitario superior, que debe preservarse y prevalecer”.
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