El gobernador Gildo Insfran mediante Decreto 503 del PEP, dispuso que la Fiscalía de Estado realice presentación
ante la Justicia Federal chaqueña a fin de constituirse como querellante en la
causa judicial en trámite, y colaborar para que las denuncias sobre la provincia de Formosa convertida en un “Narco-Estado” puedan ser esclarecidas.
Incluso se propicia la máxima colaboración en las investigaciones para
determinar cualquier tipo de participación que le pudiera caber a agentes y/o
funcionarios del estado provincial, ya sea por acción u omisión.
La presentación ante el juzgado
federal del Chaco a cargo de la magistrada Zunilda Niremperger fue
cumplimentada este martes por la Fiscal de Estado, Stella Maris Zabala de
Copes, a instancia de la decisión del titular del PEP y luego de las denuncias
periodísticas formuladas por un legislador nacional y un periodista de Radio
Nacional y que fuera difundida por la prensa nacional y provincial acerca de
delitos en nuestro territorio propio de un “Narco Estado”.
Funda el primer mandatario el decreto
que faculta a la Fiscal de Estado a que “se constituya como querellante ante
los delitos que serian objeto de investigación y que fueran denunciados en los
medios manifestándose la presencia de un “Narco Estado” en Formosa”. Ante esto,
se advierte que “estarían implicados, por ende, funcionarios de los distintos poderes
del Estado Provincial, sin determinación de autoría ni participación”, de ahí
la necesidad de contribuir a que se esclarezca lo manifestado.
Aclara inclusive que “si bien esta
materia constituye competencia propia del ámbito federal, es política del gobierno
el combate sin tregua del flagelo del narcotráfico en todo el territorio de la
provincia, con tolerancia cero hacia el mismo”.
“Deviene imperioso contribuir a los
hechos denunciados”, enfatiza el titular del Poder Ejecutivo, quien ordena que
se arbitren todos los mecanismos y medios necesarios para brindar la más amplia
información por parte de los organismos del Estado que fuera requerida para el
esclarecimiento de los mismos, insistiéndose en subrayar la determinación de di
estuvieran implicados agentes y funcionarios provinciales, ya sea por su
accionar o desatención.
González
Para el ministro de
Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, que es quien refrenda
el decreto del PEP, lo dispuesto por el gobernador Insfrán no hace más que
revalidar el “férreo compromiso del gobierno provincial de atacar de raíz”
problemáticas derivadas del consumo de drogas”. Para el ministro queda claro
que “esta gestión cuando advierte que tolerancia cero al narcotráfico no es una
mera declamación, no se queda de brazos cruzados y se actúa con hechos
concretos y con políticas firmes”.
Indico que este tipo
de decisiones por parte del gobernador Insfrán no es algo novedoso, recordando
que cuando
un funcionario público Pedro Ramón Bareiro, quien conduciendo un vehículo oficial se le encontró 50 kilos de
estupefacientes, no solo se lo dejo cesante de inmediato, sino que también se
instruyo a ser parte querellante en el proceso judicial abierto. “En este caso
el estado provincial con legítimos y fundados derechos ha tenido una activa
participación en la causa, incluso y con adhesión de la fiscalía, pidió la
ampliación de la imputación al detenido”, expuso.
El funcionario público Pedro Ramón
Bareiro, a quien conduciendo un vehículo
oficial se le encontró 50 kilos de estupefacientes”, confirmo el ministro de
Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González.
También confirmo que a través del
decreto correspondiente, el primer mandatario dispuso la “destitución” del cargo
de comisionado de Área de Frontera Clorinda que este detentaba.
Primeramente expuso que la Fiscal de
Estado, Stella Zabala de Copes
“cumplimento con el acto ante la justicia federal a efectos de tomar
intervención y constituirse en parte querellante en el proceso judicial
abierto”. Dijo que “el imputado con su accionar estuvo en franca violación a la
Ley Nacional 23737 de Tenencia y tráfico de estupefacientes”, advirtiendo
además que “al momento de ocurrir el hecho, detentaba un cargo público, con lo cual
incurrió en otros delitos como los de incumplimiento de los deberes de los
funcionarios públicos, abuso de autoridad y peculado”.
El doctor González preciso que ante
las circunstancias ocurridas, “el gobierno tiene legítimos y fundados derechos
para actuar como parte querellante. Es que el o los delitos comprometen
directamente la salud, la seguridad común, el interés y la tranquilidad
pública, fundamentalmente cuando el hecho lo cometió quien detentaba una
función pública y utilizando un vehículo oficial”.
Dio cuenta que el mismo escrito
presentado ante el Juez Federal que entiende en el hecho, se “deja expresamente
constancia de que es política de este gobierno, a través de los diferentes
organismos provinciales, combatir el narcotráfico en todo el territorio y con
todos los medios disponibles; es una política de estado la de perseguir y darle
lucha a este flagelo en todas sus modalidades”. Incluso expone que prueba de
ello está dada en la sanción de la Ley Provincial 1627/15 sobre Narcomenudeo,
demostrando así la constante preocupación y ocupación estatal en perseguir y
reprimir todas aquellas actividades vinculadas al tráfico, tenencia y consumo
de estupefacientes”.
Advierte en la misma línea que “todo
ello está en conformidad al perjuicio ocasionado a la buena fe pública, a las
instituciones democráticas, sobre todo en la designación de los funcionarios,
como también el buen nombre y honor de los demás funcionarios según lo
establece la ley”.
El ministro marco que se acentúa en
torno a las políticas públicas del estado provincial en “ejecutar una lucha frontal contra el
narcotráfico”, lo propio en cuanto a que el delito en curso involucra a un
funcionario púbico y bienes del estado, con lo cual se “menoscaba además a la
comunidad en general y al estado en particular”.
Asimismo, se subraya la “necesidad de
que se investigue hasta las últimas consecuencias a fin de su completa
dilucidación, dado el tremendo perjuicio al estado formoseño y encontrarse no
solo comprometidos intereses patrimoniales, sino los de la sociedad toda”.
Exoneración
Por otra parte, el doctor González
confirmo que el gobernador Insfran dicto el decreto correspondiente a través
del cual se destituyo a Bareiro del cargo de Comisionado de Área de Frontera
Clorinda en el cual se desempeñaba.
Preciso que el instrumento dictado por
el titular del Poder Ejecutivo y rubricado por la ministra Secretaria General
del PE, Cecilia Guardia Mendonca, en sus fundamentos deja “expresamente sentado
la gravedad de los hechos en los cuales se ve involucrado esta persona y por
supuesto su total inhabilidad de estar en condiciones de desempeñar la función
para la cual fue encomendado y ninguna otra dentro del estado provincial”.
Asimismo, el ministro expuso que
también se instruyo a diferentes estamentos del estado, como los ministerios de
la Secretaria General y el de Economía, el inicio de todas las acciones
necesarias a fin del “total esclarecimiento de los delitos investigados, y
también de las personas que por acción u omisión sean autores, cómplices o participes”.
En la misma línea se dispuso que
“todos los organismos públicos arbitren los medios y mecanismos necesarios
tendientes a brindar toda la información y colaboración a efectos de contribuir
a la investigación de los delitos en los cuales se imputa a Bareiro”.
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